El Servicio Jesuita a Migrantes advierte de la sinrazón de mantener la actividad en los CIE en su Informe Anual 2020

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), red de entidades de la que forma parte la Fundació Migra Studium, ha presentado en Barcelona ​​su Informe Anual 2020 sobre los Centros de Internamiento en Extranjeros ( CIE) en España, con el título “Raó jurídica y desraó política”.

El eje central del informe viene marcado por el desalojo y la reactivación de los CIE durante la pandemia, y destaca el contraste entre la decisión de evacuar los CIE por buenas razones jurídicas y la posterior sinrazón política de reactivar el internamiento cuando comenzó la segunda oleada, y los viajes internacionales se mantenían restringidos. Con la reapertura de los centros, “las vulneraciones de derechos volvieron. Entre estas, la prohibición de la entrada de voluntarios a algunos CIE por razones sanitarias”, lo que supone “utilizar como pretexto el motivo sanitario para aislar aún más a las personas retenidas”.

En 2020 fueron internadas en los CIE un total de 2.224 personas. La gran mayoría (79%), por motivos de devolución, tras entrada irregular, seguida de motivos de expulsión (16%). 42 menores fueron identificados, casi un 2% del total de internos. Una cifra demasiado elevada, pero inferior a la real, y que pone en entredicho la fiabilidad de las pruebas de determinación de la edad. 766 personas solicitaron asilo y 84 fueron aisladas de forma preventiva (72 de ellas en el CIE de la Zona Franca). Un dato importante refleja el sufrimiento inútil al que se somete a las personas internas: del total de personas devueltas a España (1.904), solo un 28% lo fueron desde CIE. Y del total de expulsiones (1.835), un 38% desde CIE. El 47% de los internados fueron finalmente puestos en libertad por diferentes motivos, al no poder ejecutarse su repatriación forzosa.

Los tribunales admitieron el año pasado la responsabilidad patrimonial del Estado en el caso de la muerte de Samba Martine en Madrid, en diciembre de 2011. Un acto de justicia y reparación, fruto de casi una década de lucha judicial y social por parte de la familia y organizaciones sociales cercanas.

El informe profundiza en una serie de derechos que han sido objeto de tutela judicial y que es necesario garantizar en la práctica. Entre ellos, la instrucción exhaustiva ante las denuncias de torturas y tratos degradantes e inhumanos, la detección de perfiles de protección internacional o de menores de edad, y la posibilidad de la simple multa por estancia irregular. Ante esta vulneración de derechos, que se suma a las ya continuadas, como la deficiente atención sociocultural, jurídica y sanitaria, las visitas de las distintas ONG se hacen más importantes que nunca. Los equipos de visitas a CIE de SJM pudieron realizar su trabajo con normalidad  hasta la declaración del estado de alarma y el consiguiente cierre de los centros. Pero al reanudar el internamiento, solo han podido continuar la tarea en Madrid.

En el horizonte cercano se perfila una clara apuesta política por el internamiento y la vía represiva. Se confirma el proyecto de un nuevo CIE en Botafuegos, Algeciras, con una inversión de casi 27 millones de euros entre 2021 y 2024. Además, la financiación que se plantea en los presupuestos generales del Estado de 2021, sumada a los ya publicados en años anteriores, eleva la cifra a más de 32,5 millones para el período 2019-2024. El nuevo centro de Algeciras copa la mayoría, pero los otros 6 millones se destinan a la reforma y acondicionamiento de los centros ya existentes, lo que demuestra una clara intencionalidad política.

Menos derechos y más sufrimiento en el CIE de Barcelona

En la presentación del informe CIE 2020 del SJM, también se ha hecho público el informe anual sobre la situació en el CIE de la Zona Franca de Barcelona’, que elabora la Fundació Migra Studium, y que este año lleva por título ‘Menys drets, més patiment’. El informe pone de relieve dos realidades totalmente opuestas que se han vivido a lo largo del año 2020 en el CIE de Barcelona. Por un lado, los 200 días que el centro permaneció cerrado, sin detenciones, internamientos, ni expulsiones, haciendo que la ciudad de Barcelona viviera durante 200 días libre de lo más represivo de las políticas migratorias. Y por otro, el empeoramiento de las condiciones del internamiento y restricciones de libertad a partir de la reapertura del CIE, que han causado aún más sufrimiento a los internos.

Como cada año desde 2012, Migra Studium presenta una recopilación de los datos registrados a partir de las visitas que realizan voluntarios y voluntarias de la entidad. Nos traslada testimonios que muestran el drama humano que representa el internamiento en un CIE, y analiza qué ha supuesto la situación de pandemia, muy especialmente por la supresión de las visitas y la gestión de los contagios y confinamientos que se han producido dentro del CIE. Así, durante el año 2020, Migra Studium solo pudo realizar visitas a internos durante el primer trimestre del año, hasta el cierre del CIE a mediados de marzo. Una tarea que no fue fácil, ya que las noticias sobre el alcance de la pandemia y el cierre de fronteras comenzaban a ser alarmantes. La entidad acompañó en este período a 56 personas.

A partir del 5 de octubre, el CIE de Barcelona reanudó la actividad. Pero la dirección del CIE, con la complicidad de los órganos judiciales, impidió el reinicio de las visitas de las ONG, e incluso de las familias de los internos. Esta decisión provocó un “sobreinternamiento dentro del internamiento”. Migra Studium denuncia que, después de todos estos meses,“ni el Ministerio del Interior ni los órganos judiciales han tomado medidas efectivas para aliviarlo''. Por el contrario, parece que ha habido una voluntad de normalizar y perpetuar esta anómala situación de aislamiento social de los internos”.

El informe de Migra Studium constata la falta de transparencia y previsión de la dirección del CIE a la hora de gestionar los episodios de contagios en el CIE por COVID-19. "El trato sobre los internos enfermos por COVID-19 llega a presentar rasgos próximos al delito de torturas y/o contra la integridad moral, y todavía es objeto de instrucción penal", denuncia el informe.

Migra Studium e Irídia solicitaron a los Juzgados de Instrucción que las personas que tengan que cumplir aislamiento sean trasladadas a un lugar adecuado. Y, de forma subsidiaria, reclaman que los Juzgados de control del CIE establezcan qué espacios y de qué forma se deben verificar los confinamientos en el interior del centro, garantizando los derechos fundamentales y estableciendo protocolos claros de actuación. En ningún caso debería acordarse por la dirección del CIE la contención mecánica de una persona, atándola de pies y manos y dejándola en el suelo de una celda, como se produjo el 31 de octubre de 2020, según los hechos denunciados por internos.

Migra Studium concluye, pues, que en 2020 no ha cambiado el hecho de que el CIE representa la hostilidad hacia las personas migradas. A pesar de los 200 días cerrado, el CIE ha vuelto a mostrar su rostro visible, físico y estructural de la voluntad ciega de no acoger, de no reconocer, de no atender al otro, a lo diferente, a lo que viene de otras tierras. Por eso, una vez más, Migra Studium, y la red del Servei Jesuïta a Migrants de la que forma parte, reclaman el cierre de los CIE y la búsqueda de alternativas jurídicas y políticas en el internamiento.

Enlace a los documentos

• Informe CIE SJM 
• Versión resumida (catalán)
• Informe CIE Zona Franca
• Anexo con cifras oficiales
• Vídeo del acto de presentación