Sin papeles, sin derechos. El drama de las expulsiones exprés

Sin papeles, sin derechos. El drama de las expulsiones exprés

Ya lo denunciábamos en el informe que el SJM presentó hace unos meses haciendo referencia a los CIE. El gobierno español ante la contestación generalizada a los centros de internamiento estaba girando su estrategía hacia la aplicación de las llamadas expulsiones exprès. Un grupo de entidades de Aragón, entre ellas muchas entidades amigas, han hecho recientemente un comunicado denunciando esta práctica. Nos sumamos a él porqué sabemos que el próximo curso a los CIE deberemos sumar la causa de las expulsiones exprés.Las entidades abajo firmantes expresamos nuestra honda preocupación por la práctica de las expulsiones exprés en Aragón. Estas personas son detenidas y expulsadas a su país de origen en horas sin poder avisar ni despedirse de sus familias. Algunos de estos casos son de personas con amplio arraigo en Aragón pero con algún antecedente penal. De acuerdo a la "Ley de Extranjería" las personas extranjeras, incluso con permisos de residencia en España de larga duración, si cometen algún delito en España que conlleve una condena superior a un año, al salir de prisión ven cancelado su permiso de residencia permanente y se les decreta la expulsión del territorio español. Aunque se trate de órdenes antiguas de expulsión, no se realiza ninguna valoración de la situación actual antes de ejecutar la expulsión, por lo que se está expulsando a personas con mucho arraigo familiar, laboral y social, personas con las órdenes recurridas o incluso revocadas, personas en trámite de obtener permiso de residencia, hechos que no son valorados ni tenidos en cuenta. Este tipo de expulsiones contradicen el compromiso que el estado español ha adquirido, en marzo 2015, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) cuando se trate de personas con antecedentes penales: Compromiso adquirido a raíz del caso de una ciudadana argentina que fue expulsada tras haber sido condenada por la comisión de un delito castigado con una pena superior a un año (art. 57.2 Ley de Extranjería) y demandó al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por vulnerar el derecho a la intimidad familiar reconocido en el artículo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), ya que tenía una hija menor de edad en España. El Abogado del Estado ante el TEDH, en representación del Gobierno español, con la finalidad de evitar una segura condena de España, ofreció al TEDH reconocer que España había violado los derechos de la solicitante y se comprometía a dejar sin efecto la expulsión. Además, el Gobierno español también se comprometió a que en el futuro la interpretación del art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sería combinada con las exigencias del art. 57.5.b), bajo la efectiva supervisión de los tribunales ordinarios. Lo que en la práctica debería significa que antes de adoptar la decisión de la expulsión de un residente de larga duración, se tomarían en consideración, entre otros aspectos, el tiempo de su residencia en España, los vínculos creados, su edad, las consecuencias para el interesado y para los miembros de su familia, y los vínculos con el país al que va a ser expulsado. El TEDH, mediante una decisión de 17 de marzo de 2015, as. G.V.A. c España, aceptó, en la expectativa legítima de que el Estado español cumple con su palabra y compromisos internacionales, la declaración formulada por el Gobierno español, incluyendo el hecho de que en el futuro se valorarían las circunstancias familiares antes de acordar o ejecutar una expulsión. Con las expulsiones exprés España incumple no solo las obligaciones internacionales que le corresponde como estado parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos en cuanto al respeto a la vida familiar; sino, lo que es más grave, no ha tardado ni tres meses en incumplir la palabra dada al propio TEDH de que no volverían a expulsarse a ningún residente de larga duración por una aplicación automática del art. 57.2 de la Ley de Extranjería sin valorar sus circunstancias familiares y sin dar la posibilidad efectiva de que esa decisión fuera revisada por un órgano judicial. Esta lacerante situación atenta gravemente contra los derechos humanos de las personas extranjeras. El reciente Informe del Servicio Jesuita a Migrantes CIE y Expulsiones Exprés (http://www.sjme.org/sjme/item/794-cie-y-expulsiones-expres) alerta del aumento en los últimos años de estas formas de expulsión que no cumplen con las debidas garantías legales y que tan aflictivas resultan para los ciudadanos extranjeros. Así mismo, pide una valoración de las circunstancias sobrevenidas antes de proceder a ejecutar órdenes de expulsión y recuerda la necesidad de que los detenidos cuenten con asistencia letrada. En el mismo sentido, el Consejo General de la Abogacía Española afirma que es preciso que en un estado que se proclama como democrático y de derecho no se produzcan privaciones de libertad sin asistencia de abogado, ni de control judicial. Y para ello ha elaborado un protocolo de actuación dirigido a los Colegios de Abogados recordando que una vez conocida la situación de detención de una persona extranjera para su repatriación se deberá designar a un letrado del Turno de Oficio quien deberá llevar a cabo una serie de actuaciones mínimas que se detallan minuciosamente en el Protocolo de actuación en las denominadas expulsiones exprés (http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2015/05/ExpExpresF.pdf) Miles de personas son expulsadas de esta forma en España cada año. Son vecinos que desaparecen de la noche a la mañana, detenidos por la policía y expulsados en horas a su país de origen, sin asistencia letrada en el proceso de ejecución de la expulsión y sin despedirse de su familia. Y ello en ejecución de órdenes de expulsión por estancia irregular dictadas en ocasiones hace mucho tiempo. Las expulsiones exprés deben cesar. Pedimos que antes de ejecutar una orden de expulsión se realice una nueva valoración de las circunstancias particulares del caso así como que se facilite siempre asistencia letrada en comisaría. Por sentido común, por humanidad. Entidades firmantes a 23 de junio de 2015. Si su institución quiere adherirse escriba a denuncias@sosracismoaragon.es 1. SOS Racismo 2. Sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados 3. Observatorio de Derechos Humanos de Aragón 4. Médicos del Mundo 5. UGT Aragón 6. Colegio Profesional de Trabajadores Sociales 7. Comisiones Obreras Aragón 8. Círculos de Silencio 9. Centro Pignatelli 10. Federación Aragonesa de Solidaridad 11. Izquierda Unida Aragón 12. Chunta Aragonesista 13. Sociedad Aragonesa de Salud Mental 14. OMSIDA 15. Movimiento Contra la Intolerancia 16. Podemos Aragón 17. CONFER Aragón 18. CVX-Zaragoza 19. Zaragoza en Común 20. Entreculturas Aragón 21. Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul 22. Asociación de vecinos de Delicias "Manuel Viola" 23. Caritas Aragón. 24. Red de Apoyo Sin Papeles. 25. Delegación diocesana de Pastoral Obrera. 26. Consejo Diocesano de Acción Católica (ACG: Acción Católica General; HOAC: Hermandad Obrera de Acción Católica; JOC: Juventud Obrera Cristiana; MRC: Movimiento Rural Cristiano; y PX: Profesionales Cristianos)

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